Artículo de opinión, para quienes tienen compresión lectora: EL SALTO DE LOS RESULTADOS…
Escribe: Mirko Lauer
La ola de violencia post-electoral que acaba de darse es un pésimo signo de los tiempos. El contexto de las decenas de asonadas registradas por todo el país marca un debilitamiento del indispensable principio de que los derrotados en elecciones deben reconocer el triunfo del ganador, o impugnarlo dentro de normas establecidas. Funciona como una suerte escalada respecto de la plaga revocadora de estos últimos años.
Las habituales quejas a partir de la interpretación de un cierto número de actas, en demasiados lugares han sido reemplazadas por acusaciones directas de fraude, movilización de turbas, y llamado a nuevas elecciones. Nada de esto sustentado en otra cosa que la apasionada, pero también calculada simpatía por algún candidato perdedor.
En el fondo estos exabruptos, que pueden llegar hasta lo delictivo, son contra la ONPE, responsable de la corrección de los comicios. Se trata de una institución respetadísima en numerosas elecciones, con procedimientos suficientes para procesar reclamos razonables, que de otra parte son un fenómeno natural en toda elección.
Otro objetivo de estos violentos negacionistas electorales es la mayoría de ciudadanos que definió el éxito del candidato ganador. El deseo expreso es cancelar ilegalmente esa victoria, o por lo menos encharcarla con miras a dificultarle el gobierno desde el inicio. Lo cual generalmente es augurio de una iniciativa revocatoria en marcha.
Cuesta creer que las asonadas de estos días provienen de la pasión ideológica formalizada, que era el gatillo más frecuente en otros decenios. Pues la ideología no está contando mucho en las elecciones peruanas, tan llenas de agrupaciones formadas al paso. Mucho más parece esta violencia un juego de descarnados intereses personales.
En el fragor de las asonadas se multiplican acusaciones que luego no pueden ser demostradas, y que caen bajo el signo de la difamación y la calumnia. Claro que nada de esto parece preocupar a las turbas movilizadas en cada caso, con o sin contrato. Como en el caso de los emblemáticos incendiarios del local de la ONPE en Juanjuí.
¿Qué se puede hacer? Además de la intervención policial, que sin duda funciona en muchos casos, podría haber normas disuasivas para la participación violentista post-electoral de candidatos perdedores que sea legalmente demostrada. Esto ayudaría a separar los reclamos legítimos que la ley puede acoger, de estos asaltos que son versiones hamponescas de una pataleta.
